(Por:Maria Elvira Samper - Revista Cambio) La extradición ha contribuido a la impunidad, pero no todo está perdido: la CPI está ahí, vigilante.

El debate sobre qué tanta justicia debe sacrificarse en aras de la paz sigue abierto, como sigue abierto el que desde un comienzo ha rodeado al proceso de Justicia y Paz cuyos resultados dejan mucho qué desear pese a que, por primera vez en un proceso con grupos al margen de la ley, las víctimas son consideradas sujetos de derechos: a la Justicia, al trato digno, la protección de la intimidad y seguridad propias y de sus familias, la verdad, la asistencia de un abogado, a ser oídas, a aportar pruebas, a controvertir las decisiones, y a reparación económica.

Todo muy bonito en el papel, pues en tres años de vigencia de la Ley los resultados son muy precarios: hasta finales del año pasado, solo cinco de los 3.200 desmovilizados señalados de cometer delitos atroces fueron acusados formalmente. La cifra es ridícula frente a los 300.000 homicidios y otros delitos que han reconocido más de 1.200 desmovilizados y a los reclamos de 69.027 víctimas avaladas por la Fiscalía.

La Unidad de Justicia y Paz está sobrepasada por el número de procesos, las versiones libres avanzan en forma lenta y con dificultades, y la reparación ha sido apenas un saludo a la bandera: de 3.527 procesos en solo 12 han entregado bienes. A esto se suman los tropiezos que ha sufrido la Ley de víctimas aún sin aprobar y, para rematar, las extradiciones de 14 jefes paramilitares que, como lo dijeron en su momento críticos de la medida —me incluyo entre ellos— abría el interrogante de si no estábamos cambiando información sobre rutas y cómplices del narcotráfico, por la verdad sobre los crímenes atroces y de lesa humanidad cometidos por las Auc.

Y la realidad es que ha sido así, y así lo reconoció esta semana el fiscal general Mario Iguarán cuando afirmó que “reconstruir la verdad es difícil porque los comandantes necesitan hablar con la gente de sus bloques para precisar hechos y situaciones y es muy complicado hacerlo en esas condiciones”. Solo 3 de los 14 extraditados han regresado a las audiencias transmitidas vía satélite. Los demás, aunque han expresado su intención de seguir en Justicia y Paz, parecen más interesados en negociar rebajas de penas con la Justicia norteamericana que colaborar con el proceso para esclarecer la verdad y reparar a las víctimas de sus crímenes.

No importa cuántas declaraciones retóricas sobre la intención de colaborar con la Justicia colombiana hayan dado las autoridades estadounidenses, la verdad monda y lironda es que los jueces gringos no tienen competencia para juzgar crímenes de lesa humanidad que no afectan a sus ciudadanos. Y, además, son innumerables los problemas logísticos para realizar las audiencias y para que las víctimas puedan hacerse presentes aun en forma virtual.

Así las cosas, y aunque esos delitos son imprescriptibles, la extradición ha sido un golpe de gracia contra el derecho de las víctimas a la verdad, un derecho inalienable y pieza angular del Derecho Internacional Humanitario, y un deber del Estado de proteger y garantizar los derechos fundamentales. Y también una estocada al proceso de la parapolítica, porque los jefes se llevaron consigo muchos secretos sobre el grado de penetración del fenómeno paramilitar en las elites políticas y empresariales, y en los organismos del Estado. Apenas conocemos la punta del iceberg.

Al extraditar a 14 jefes paramilitares que estaban en Justicia y Paz, el Gobierno pasó por encima de los Convenios de Ginebra, ratificados por Colombia, que prevalecen sobre las leyes nacionales, y se acogió la norma del Código de Procedimiento Penal que le permitía empacar a los jefes paramilitares en un avión de la DEA y enviarlos a cárceles de Estados Unidos.

La extradición ha contribuido a la impunidad, pero no todo está perdido. La CPI está ahí, vigilante, con los ojos abiertos y los oídos despiertos, para garantizar que no haya impunidad. Es bueno recordar que lo que ha dicho el fiscal Luis Moreno Ocampo: “Si el Estado nacional no garantiza que no haya impunidad, la comunidad internacional lo hará”. No hay escapatoria.