(Tomado de  Colectivo de Abogados) El 16 de noviembre de 2008, el paramilitar Salvatore Mancuso aseguró, en audiencia de versión libre desde Estados Unidos, que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia había hecho presencia en desarrollo de la masacre que perpetraron grupos paramilitares en conjunto con miembros de la IV Brigada del Ejército nacional en el corregimiento de El Aro, ubicado en el municipio de Ituango (Antioquia), en octubre de 1997

Este jefe paramilitar además aseguró que Pedro Juan Moreno, quien al momento de la ejecución de la masacre se desempeñaba como Secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia y era uno de los amigos más cercanos del entonces gobernador y actual Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, tenía conocimiento de la masacre que se iba a perpetrar en este corregimiento. Según el propio Mancuso, Moreno y él habían sostenido reuniones por lo menos en diez oportunidades para planear la creación de las denominadas “Convivir”[1].

Salvatore Mancuso ya había mencionado en otras diligencias de versión libre la presencia de un helicóptero de la Gobernación de Antioquia en el momento en el que se estaba ejecutando la masacre. En efecto, el 15 de enero de 2007, en diligencia de versión libre ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, Mancuso aseguró que con motivo de esta masacre sobrevolaron e hicieron presencia en la zona cuatro helicópteros. Uno de ellos fue identificado por Salvatore Mancuso como de la Gobernación de Antioquia[2].

Ante estas afirmaciones surgen muchas preguntas sobre el papel que tuvieron la Gobernación de Antioquia y el Gobernador de entonces en esta masacre, pues ni las víctimas ni la sociedad cuentan aún con explicaciones sobre la presencia de un helicóptero de la Gobernación de Antioquia en la masacre y sobre su inacción frente a las atrocidades que estaban cometiendo paramilitares y miembros de las Fuerza Pública contra la población de ese corregimiento, máxime cuando tanto autoridades civiles como militares estaban al tanto de la presencia de grupos paramilitares en la zona, y además estaban alertadas sobre la posible comisión de una masacre.

Otros testimonios que comprometen al Presidente

Estas preguntas continúan en aumento ante otros hechos y revelaciones que también comprometerían a la Gobernación de Antioquia y a Álvaro Uribe en la masacre de El Aro. Desde comienzos del año 2008 se han venido realizando una serie de señalamientos contra el Presidente de la República por su supuesta participación en la masacre de El Aro. Los señalamientos provienen de Francisco Villalba, alias “Cristian Barreto”, un paramilitar que se encontraba detenido una cárcel de máxima seguridad condenado por las masacres de El Aro y de La Balsita, ambas ocurridas en el departamento de Antioquia en 1997, hasta el pasado 30 de marzo, cuando le fue concedida la detención domiciliaria.

Las declaraciones que implican al Presidente en la masacre de El Aro fueron reveladas el 23 de abril de 2008, cuando el propio Álvaro Uribe Vélez contó, en una entrevista radial, que un paramilitar había afirmado que él había felicitado y condecorado a los paramilitares que participaron en la masacre de El Aro ocurrida en octubre de 1997 siendo él Gobernador de Antioquia.

En efecto, el 15 y el 20 de febrero de 2008, el paramilitar Francisco Villalba fue escuchado por la Fiscalía General de la Nación, ante la cual afirmó que el entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, había participado en una reunión que se realizó días antes de la masacre de El Aro en una finca del corregimiento de La Caucana, municipio de Tarazá (Antioquia), a la cual fue invitado, según las declaraciones de Villalba, por el propio Carlos Castaño, y en la que se habría acordado el plan de ejecución de la masacre. A la reunión habrían asistido, según Villalba, altos mandos de la IV Brigada del Ejército nacional así como de la Policía, algunos jefes paramilitares como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, y los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez. Así mismo, Villalba aseguró que Santiago Uribe era el jefe de un grupo paramilitar llamado “Los 12 apóstoles”, que operaba en el municipio de Santa Rosa de Osos y que, incluso, este había “prestado” a 20 de sus hombres para otra masacre ejecutada en el corregimiento de La Balsita, en el municipio de Dabeiba (Antioquia), por grupos paramilitares en noviembre de 1997[3].

En sus declaraciones, Francisco Villalba también aseguró que la masacre de El Aro se habría perpetrado para rescatar a ocho personas que habían sido secuestradas por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Según Villalba, en la mencionada reunión, “Álvaro Uribe decía recomendaciones, que los secuestrados, que todos salieran salvos y que lo que hubiera que hacer que lo hiciéramos”[4]. También aseguró que después de perpetrada la masacre y en la misma finca donde habría sido planeada, el propio Álvaro Uribe Vélez lo había felicitado a él y a otros paramilitares por la comisión de la masacre. Según Villalba, sólo en ese momento se dio cuenta de que quien lo felicitaba era el Gobernador de Antioquia: “supe que era Álvaro Uribe porque él se presentó, habló con nosotros y dijo que la operación había sido un éxito, que los secuestrados habían salido sanos y salvos”[5].

El 13 de febrero de 1998, Francisco Villalba decidió entregarse voluntariamente a las autoridades porque, según él, los grupos paramilitares, en conjunto con miembros de la Fuerza Pública y narcotraficantes, estaban planeando una serie de magnicidios con los que él no estaba de acuerdo. Las declaraciones que rindió este paramilitar luego de entregarse a la Fiscalía fueron importantes para aclarar algunos aspectos de la masacre de El Aro. Sin embargo, al divulgarse las afirmaciones de Villalba salieron a la luz algunas inconsistencias que hicieron que se le diera poca credibilidad a la declaración. Las inconsistencias tienen que ver con la fecha en la que, según el paramilitar, se cometió la masacre, pues en su declaración Villalba aseguró que la masacre se cometió en noviembre de 1997, cuando en realidad ocurrió en octubre de ese año. Otra inconsistencia está relacionada con la afirmación de Villalba en el sentido de que a la reunión que se llevó a cabo en La Caucana, días antes de perpetrarse la masacre, habría asistido el General Alfonso Manosalva. El Presidente Álvaro Uribe manifestó que eso era imposible debido a que este General había fallecido en abril de ese año. Finalmente, según el Presidente, existe otra inconsistencia en lo que se refiere a la supuesta participación de su hermano Santiago Uribe en la reunión de planeación de la masacre, pues a quien Villalba identifica como hermano de Álvaro Uribe es a una persona que tenía el alias de “el Pecoso”, mientras que el Presidente asegura que al que le decían así era a otro hermano suyo, que falleció en el 2001 y no a su hermano Santiago[6].

Adicionalmente, luego de que se hicieran públicas las declaraciones de Francisco Villalba que involucran al Presidente y a su hermano, se conocieron dos cartas que parecieron poner en entredicho, aún más, las declaraciones de Villalba. La primera fue una carta que llegó a las manos del Presidente en mayo de 2008 en la que Francisco Villalba aparentemente se retractaba de lo dicho y le pedía perdón al Presidente por “mancillar su nombre”. La otra es una carta del paramilitar Libardo Duarte, en la que este asegura que Francisco Villalba le había ofrecido la suma de 250 millones de pesos si corroboraba las declaraciones que él había dado contra el Presidente. Según la misma carta de Duarte, Villalba le habría hecho esta propuesta debido a que el senador Gustavo Petro, la senadora Piedad Córdoba y el periodista Daniel Coronell, le habrían pagado a él 500 millones de pesos para involucrar al Presidente en la masacre de El Aro. En uno de sus apartes, se lee en la última carta: "Este dinero era pretendiendo que fuera al Congreso y manifestara cosas no ciertas del señor Presidente y debido a esto es que deseo aclarar la verdad ante la comunidad nacional e internacional, y ante los medios de comunicación que usted crea convenientes"[7].

Sin embargo, en octubre de 2008 se reveló que la supuesta carta de retractación no fue escrita por Francisco Villalba. Este paramilitar ha afirmado que él sí firmó una hoja por petición de Jesús Amado Sarria, conocido como “el chucho Sarria”, quien se encontraba recluido en la misma cárcel con Francisco Villalba. Jesús Amado Sarria le habría manifestado a Villalba que lo podía cambiar a un mejor patio en la cárcel, pero que para hacer los trámites necesarios requería de su firma. Así las cosas, Villalba habría firmado una hoja en blanco, en la que posteriormente se consignaría la supuesta retractación. Adicionalmente, según lo denunció el periodista Daniel Coronell, la otra carta, es decir, la de Libardo Duarte, al parecer está escrita con la misma letra de la carta que supuestamente escribió Villalba, por lo que todo apunta a que esta carta tampoco fue escrita por quien la firmó, y que fue Jesús Amado Sarria quien escribió las dos cartas y las envió al Presidente[8].

Frente a las inconsistencias de las supuestas cartas de retractación, el pasado mes de octubre, en entrevista concedida a un noticiero nacional, Francisco Villalba negó que se hubiera retractado y por el contrario se reafirmó en sus declaraciones contra el Presidente al mencionar que: “Él me dio las decoraciones, se lo digo de frente, él me dio las decoraciones, me dio la felicitación y simplemente yo le digo al país, esperen el video, las fotos y yo presento eso”[9]. Adicionalmente, el 12 de noviembre de 2008 y ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, Villalba se ratificó nuevamente en sus acusaciones contra Álvaro Uribe Vélez.

De existir el video y las fotos que, según Villalba, comprometen la responsabilidad del Presidente, será muy difícil que sean reveladas, pues el 23 de abril de 2009, en horas de la tarde, Francisco Villalba fue asesinado cerca de su casa ubicada en el barrio La Estrella en la ciudad de Medellín, por sicarios que le dispararon con silenciadores en frente de su esposa y de su hija de cuatro años de edad. Resulta por lo menos extraño que, pese a las condenas que pesaban sobre este paramilitar, las importantes confesiones que hizo sobre la masacre de El Aro, y las acusaciones que había hecho contra el Presidente, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no tuviera bajo su custodia y vigilancia a este paramilitar, quien desde que salió de la cárcel sólo había recibido cuatro visitas a su casa por parte de este instituto[10]. Frente a este crimen, es indispensable que se realicen las investigaciones tendientes a esclarecer los móviles del asesinato, así como que se determine la responsabilidad de quienes ordenaron la muerte de este paramilitar.


Fuente: Colectivo de Abogados