COLOMBIA: ¿Hacia un Estado paramilitar?
(Javier Dario Restrepo - IPS) - Visiblemente indignado, el ex presidente colombiano César Gaviria (1990-1994) denunció esta semana lo que llamó un artículo "monstruoso" del proyecto de reforma política que se discute en el Congreso legislativo.
Es "el artículo cuatro, que habilita a los jefes paramilitares para ser escogidos a cargos de elección popular, para hacer contratos con el Estado y para ser empleados públicos. Lo que tumbaron la Corte Constitucional y la Ley de Justicia y Paz, ahora lo pretenden convertir en una consagración constitucional", dijo Gaviria, actual jefe del opositor Partido Liberal.
No es la primera vez que esas bandas armadas figuran con privilegio en las iniciativas del gobierno de Colombia. Recién investido, el presidente Álvaro Uribe propuso en 2002 al Congreso el indulto general de los paramilitares y una representación parlamentaria directa para ellos.
En su segundo período de gobierno, iniciado en 2006, cuando acababa de explotar el escándalo de los políticos favorecidos electoralmente por la presión de los paramilitares —los parapolíticos—, el presidente propuso medidas para buscar la excarcelación de los congresistas presos.
En un informe difundido bajo el título "A las puertas del Ubérrimo" —el nombre de la hacienda de la familia Uribe— los investigadores Iván Cepeda y Jorge Rojas encontraron antecedentes más remotos de ese favor en la licencia que Uribe había concedido, cuando era gobernador del norteño departamento de Antioquia, a la cooperativa de seguridad privada Convivir Horizonte, a solicitud del paramilitar Salvatore Mancuso en 1996, "cuando ya había consumado 10 masacres", anotan los autores.
En ese mismo año, el gobernador pidió la legalización de armas de largo alcance para las Convivir, unas organizaciones paramilitares que los hacendados crearon para proteger sus tierras y ganados, y sus vidas amenazadas por la guerrilla que en ese año asolaba las propiedades rurales en Antioquia y en el vecino Córdoba.
Uribe gobernó Antioquia entre 1995 y 1997. Fue manifiesta la mutua admiración entre el gobernador y los líderes de esas organizaciones. Según el mandatario regional constituían "un modelo transparente", y "un grupo de apoyo a las fuerzas militares".
Por su parte, observan Cepeda y Rojas, "Mancuso no ocultaba su admiración. 'Uribe ha mantenido un discurso firme', afirmaba. Carlos Castaño (también líder de los paramilitares) decía que Uribe "es el hombre más cercano a nuestra filosofía".
Esta cercanía se manifestó públicamente y sin atenuantes en tres ocasiones, que en estos días han adquirido especial relevancia.
La primera fue el homenaje que Uribe promovió en honor del general Rito Alejo del Río, llamado "el pacificador de Urabá" y actualmente procesado por vinculación a los grupos paramilitares de esa región de la costa norte. En ese homenaje, celebrado en Bogotá, Uribe fue el orador principal.
También lo fue en el que los ganaderos de Córdoba organizaron en honor de su líder gremial, Rodrigo García Caicedo, conocido como de la entraña de los hermanos Castaño y exponente de la doctrina de las autodefensas.
La celebración de los 10 años del diario El Meridiano de Córdoba se recuerda como otro antecedente de esa cercanía, por cuanto sus propietarios figuran en la lista de los financiadores de las Autodefensas de Córdoba (AUC) registrados en documento de la fiscalía. La presencia y la intervención de Uribe fueron ampliamente relatadas en las páginas del periódico.
Por cuenta de esa proximidad a los paramilitares se dio el episodio, embarazoso para el gobernador Uribe, del asesinato del abogado Jesús María Valle. Días antes, el gobernador lo había calificado en una intervención pública como "enemigo de las Fuerzas Armadas".
Valle había denunciado, en su calidad de presidente en Antioquia del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, la alianza paramilitares-ejército en la matanza de 19 personas, cometida en el municipio de Ituango en 1996 y 1997. La relación entre la afirmación pública de Uribe contra Valle y su asesinato, hecha notar por el diario El Colombiano, fue motivo de un vivo intercambio de cartas de reclamo del gobernador y de explicaciones del periódico.
Al concluir su mandato como gobernador e iniciar su campaña para la presidencia, Uribe nombró como asesor de asuntos de seguridad al general Del Río, hoy detenido, asignó la tesorería de la campaña en Córdoba a Roger Taboada, hoy con orden de captura, e incluyó entre el personal de su campaña a José María Maroso, hoy acusado ante la fiscalía como financiador de las AUC.
Veinte de los amigos de Uribe en la campaña resultaron ser firmantes del pacto de Ralito, iniciativa de los paramilitares, y hoy están acusados de alianza con esos grupos armados de extrema derecha, a menudo vinculados al narcotráfico.
El pacto secreto de Ralito fue firmado en 2001 entre jefes paramilitares y más de 50 dirigentes políticos con el fin de "refundar el país".
A medida que el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, defendía el cuestionado artículo cuatro del proyecto de reforma política, todo este historial de alianzas y cercanías con los paramilitares aparecía como una explicación de este nuevo intento de favorecimiento.
Es una evidencia histórica que se acentúa con los datos que la Corte Suprema de Justicia y la fiscalía ofrecen en cifras reveladoras. Según ellos, de los más de 80 legisladores implicados en procesos por "parapolítica", 60, o sea casi 80 por ciento, pertenecen a la coalición de gobierno. De aprobarse la discutida propuesta, ellos serían los primeros beneficiados.
Dentro de una pragmática lógica política, son explicables las gestiones para favorecerlos y para impedir que sus escaños queden vacíos.
Según el comentarista Rodolfo Arango y con base en datos oficiales, "el total de votos uribistas comprometidos con la parapolítica congresarial judicializada asciende a 2.324.751".
Lo que definitivamente importa hacia el futuro es conservar unos votos decisivos para mantener activa y dominante la mayoría uribista en el Congreso.
Aunque finalmente el artículo fue retirado del proyecto de reforma política, en parte por el rechazo de la opinión pública, la polémica a la que dio lugar revivió la inquietante sensación de que, paso a paso, se ha venido adelantando la construcción de un Estado paramilitar en Colombia. (FIN/2009)
Fuente | IPS | COLOMBIA: ¿Hacia un Estado paramilitar?
Ayer puse un comentario y no pasó. No sé por qué.
Es muy preocupante esa alternativa que nos quieren imponer desde USA. No a Uribe, Sí a Juan Manuel. Si salvo que el uno es de la esencia del latifundismo y el otro de la oligarquía, en las ideas y programas y políticos son la misma cosa. Aún más peligroso Juan Manuel. Dueños de la prensa y de las Fuerzas Armadas, para qué más.
Yo creo que para salvarnos de Juan Manuel, habría que desear que prosperara, desgraciadamente, el referendo reeleccionista. Uribe candidato, Juan Manuel se retira y luego ir todos a votar por el candidato de más opciones, para que Uribe no llegue a un tercer mandato. ¡Es mi humilde opinión!.
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Rebeca, tal vez por eso es importante hacer ver que Santos es igual a Uribe, y de pronto hasta más peligroso, como lo dejó ver en el episodio con Castaño contra Samper.
Con Uribe candidato hay más posibilidades de que se produzca una alianza de centro-izquierda, aunque aquél tendría, al día de hoy, una mayor probabilidad de ganar las elecciones.
Uribe polariza al país; Santos abre más posibilidades, aunque el saldo neto es similar. El problema de fondo es que Uribe ha concentrado demasiado poder y no se ve una estrategia clara de la oposición para martillar sobre sus puntos débiles.
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Que pena maestro, te dejase chiviar, el mico lo introdujo el POLO... qué tenes ahora qué decir...
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El gobierno actual de Colombia ha logrado la desmovilización de cerca de 40 mil alzados en armas, desde las autodefensas ilegales hasta miembros de las guerrillas tradicionales, Farc y eln, gracias a la ley de Justicia y Paz; así que es de mala leche decir que la norma solo favorece a los llamados paramilitares, hoy al menos 1.200 guerrilleros han firmado comunicaciones donde no piden tenerlos en cuenta para un posible intercambio y otro alto porcentaje se ha acogido a la ley de justicia y paz, gracias a lo cual se han propinado golpes de mano a las milicias urbanas de las Farc. ¿Cuéntame como ves entonces tu revolución? En Colombia no existen guerrillas socialistas, hay bandas narcotraficantes y terroristas que copiaron el modelo de Pablo Escobar. ¿No te parece?
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Creo que no te has expresado con exactitud y perdona que te corrija. Se han desmovilizado ¿40 mil alzados en armas? - Hasta donde mis conocimientos llegan los paramilitares no son alzados en armas. El prefijo "para" que acompaña la palabra militar no quiere decir otra cosa que coadyuva, que se agrega a los militares. Es decir van a ejercer funciones del ejército, o las que el ejército les asigne, bajo el mando militar o de aquéllos designados por el ejército.. Luego los paramilitares son un brazo del ejército, siniestro, ilegal y todo lo que quieras. De hecho están para hacer el trabajo que los militares no pueden hacer por estar sometidos a la vigilancia internacional... Justamente para ser un alzado en armas se necesita la condición de la rebeldía ante lo estatuído. Es decir que el que se alza en armas va a combatir o al Estado, o al sistema, o a las instituciones o al gobierno. Se puede ser un alzado en armas de derechas o de izquierdas. No es la ideología la que lo determina sino la condición de rebelde.
La Ley de Justicia y Paz es un escándalo pero no todos tienen una visión de largo alcance para percibir el enorme daño que se le hace a un país cuando los crímenes de lesa humanidad no son castigados con el rigor que se merecen, cuando los derechos humanos son vulnerados y esta vulneración es protegida por el Estado y cuando las vícitmas no son reparadas debidamente. Porque al campesino que tenía una parcela de cinco hectáreas con sus gallinitas y sus sembrados, no le vas a decir que ese cajón con letrinas que el gobierno llama casa ( construídas con dinero de la comunidad europea, pero que le dan votos al ejecutivo), y en el que él no se comería ni huevo con cáscara, es en verdad la reparación a su despojo. Mientras en el mundo entero se sigue condenando a los que montaron los hornos crematorios contra los judíos, en Colombia, gracias a la ley de Justicia y Paz con unos poquitos años de cárcel, el asunto se soluciona.
¿Quién mató a Villalba? ¿Por qué es el único confeso en la masacre del Aro? ¿Por qué un hombre condenado por crímen de lesa humanidad estaba en arresto domiciliario? ¿Por qué si está en su casa el Inpec no es quien lo vigila?
Aquí nadie habla de revolución sino de moral, vida, justicia y equidad.
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El problema serio está en no diferenciar entre la propaganda y la realidad. Todo gobierno necesita crear un discurso que legitime sus acciones. Algunas veces el discurso se refleja en la realidad y muchas veces la tergiversa para conseguir el respaldo popular. Casi siempre el discurso oficial está lleno de propaganda, de la exaltación de valores, de la apelación a sentimientos básicos, de la generalización y el acomodo de cifras. Esto ocurre en todos los lugares del mundo y Colombia no es la excepción.
Como un elemento del conflicto el gobierno colombiano, supongo que con asesoría del Pentágono vía TRG, diseñó y puso en marcha una mega estrategia de comunicación pública orientada a conseguir el respaldo de la población civil a la ofensiva militar oficial. En otros tiempos esto se llamaba simplemente guerra sicológica, operaciones sicológicas o acción cívico-militar. Parte de esta estrategia ha incluido, por ejemplo, la exaltación del patriotismo y la generación de una reinterpretación del conflicto a la luz de las necesidades militares.
Por eso desde muy temprano el actual gobierno desconoció la existencia de un conflicto armado interno y aprovechó la coyuntura del 9/11 para declarar su propia guerra contra el terrorismo. Y por lo mismo el discurso oficial dice que en Colombia no hay conflicto sino una amenaza terrorista contra las instituciones democráticas. La administración Bush le ayudó al gobierno colombiano a promover esta idea en el exterior, como parte de su propio afán por legitimar Abu Grahib, Guantánamo y demás.
Pero ese discurso ya comenzó a decantarse, por razones de marketing político y porque la realidad pesa más que la propaganda. La realidad, y así lo señalan centenares de documentos académicos y técnicos neutrales, es que Colombia aún experimenta un conflicto armado interno. Eso es lo que queda sobre la mesa cuando usted quita de en medio la ruidosa propaganda oficial.
Y dentro de ese conflicto los diferentes actores --todos--han recurrido a prácticas terroristas. Por eso en Colombia ha existido terrorismo guerrillero y terrorismo de Estado. Este último ejercido por la fuerza pública, directamente y a través de su brazo clandestino, los grupos paramilitares, más conocidos hoy con su nuevo mote, Bacrim, como antes se llamaron pájaros o chulavitas. El gobierno trató de desmontar el paramilitarismo regentado por los Castaño, Mancuso y 40, porque siguió la receta gringa de buscar una derrota rápida de la guerrilla mediante la modernización del ejército. Los falsos postivos demostraron que la modernización de las FFMM no sirvió para regenerar su moral y el auge de las Bacrim demuestra que los paramilitares simplemente sufrieron una metamorfosis.
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Apreciada Rebca: Coincido contigo en que aquí no existieron grupos paramilitares, hubo una reacción a la tolerancia del Estado frente a los crímenes de los grupos narcoguerrilleros, porque no se puede olvidar que fue a partir del secuestro de Nieves Ochoa que las mafias configuraron el MAS (Muerte a Secuestradores), que luego terminaría en convertirse en las autodefensas ilegales y que solo en el actual gobierno fueron combatidas hasta el punto de someterse a la ley de Justicia y Paz, que es aplicable a toda organización armada ilegal, incluidas las Farc y Eln, por eso un número de 1.200 antiguos guerrilleros quieren ser parte de ella, precisamente muchos de ellos los que las Farc reclaman como parte de un acuerdo, lo que no han señalado públicamente los ciudadanos por las farc.
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Y qué tal la perla? El mico denunciado por Gaviria Trujillo fue obra de los representantes del Polo Democrático y tenía como destino precisamente a los miembros de las Farc y Eln que se acogieran a justicia y paz, no solo a los de las autodefensas ilegales. Hasta hoy no he sabido de una rectificación o ampliación de la indignación del señor Gaviria Trujillo una vez supo la autoría del articulito del proyecto de ley.
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La reacción a las declaraciones de Gaviria deberían buscarse directamente en su oficina o en la sede del partido liberal, del cual él es director.
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Como duele señor Restrepo, que además de recurrir a la mentira para descalificar algo que no es autoría del gobierno, usted se ensañe con la prensa de provincia como lo hace con el Meridiano de Córdoba; su rabia contra el actual presidente le impide ver lo que hacen medios como Voz, Semana, Cambio y el mismo Espectador, verdaderas quinta columnas promocionales de las Farc.
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