Contundente el pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, sobre la pasada reelección de Álvaro Uribe Vélez. Los magistrados concluyeron que efectivamente hubo cohecho durante el trámite legislativo del proyecto de reforma constitucional en 2004 y en tal sentido se manifestó su sentencia en contra del ex congresista Teodolindo Avendaño. Iván Díaz Mateus, por otra parte, recibió sentencia por concusión, al presionar a Yidis Medina  para votar a favor de la reelección.

Del fallo de la Corte se infiere que el origen de la reelección presidencial tuvo actuaciones en contra de la ley, es decir, que tiene vicios de ilegalidad.

La sentencia afirma que los dos congresistas consiguieron ventajas burocráticas de parte del gobierno a cambio de su actuación favorable a la reelección de Álvaro Uribe Vélez. Avendaño, además, logró un enriquecimiento superior a los 200 millones de pesos por ausentarse de la votación del proyecto de ley.

Lo sorprendente es que en Colombia se produzca una sentencia de este tipo sin que simultáneamente resulten condenados los ministros que fungieron como intermediarios de Uribe en el negocio con los congresistas, gracias a una absolución de la Procuraduría.

Pero ojo, que este caso no es historia patria y no es un asunto menor. Más sorprendente aún, es que la segunda reelección se esté sacando adelante con prácticas similares, como se hizo evidente el pasado 19 de mayo en el Senado durante la aprobación del proyecto de referendo para la reelección uribista. La senadora liberal Cecilia López describió aquella jornada en los siguientes términos:

"Fue un espectáculo absolutamente deplorable, en primer lugar todo el Senado lleno de funcionarios del gobierno de todos los institutos de curul en curul conversando con los senadores y el ministro del Interior hablando con cada senador y persuadiendo uno por uno por su voto, hasta que el senador Héctor Elí Rojas le hizo un llamado de atención a que ocupara el puesto que le corresponde ocupar a los ministros y no a los senadores".

A alguien le quedan dudas sobre cómo se cocinan las reelecciones en Colombia? Es aventurado pensar que los mismos procedimientos se están aplicando al trámite legislativo que busca la nueva reelección? De qué sirve que se judicialicen estos actos ilegales cuando sus efectos políticos (la reelección) ya se ha producido y la sentencias no tienen ningún efecto sobre ellos?