Gobierno desconoce derechos de víctimas del conflicto armado
Dentro de la memoria de la infamia quedará registrada la jornada parlamentaria del día de hoy, cuando Uribe Vélez pidio a su bancada hundir el proyecto de Ley de Víctimas por razones presupuestales y políticas.
El gobierno dijo que la propuesta liberal que busca reparar a todas las víctimas del conflicto armado (tanto de guerrilleros y paramilitares, como de miembros de la fuerza pública), conlleva el pago de indemnizaciones por $75 billones que desborda la capacidad presupuestal y cerró la posibilidad a una conciliación.
En realidad el gobierno quiere desconocer que existe violencia generada desde el Estado y que existen víctimas de la violencia oficial o de "agentes del Estado"; Uribe busca obstruir el acceso a la justicia de las víctimas de los agentes del Estado, imponiéndoles unos obstáculos de procedimiento que no tienen las otras víctimas.
A Uribe la falta grandeza.
El siguiente es el comunicado expedido por la casa de nari:
El gobierno dijo que la propuesta liberal que busca reparar a todas las víctimas del conflicto armado (tanto de guerrilleros y paramilitares, como de miembros de la fuerza pública), conlleva el pago de indemnizaciones por $75 billones que desborda la capacidad presupuestal y cerró la posibilidad a una conciliación.
En realidad el gobierno quiere desconocer que existe violencia generada desde el Estado y que existen víctimas de la violencia oficial o de "agentes del Estado"; Uribe busca obstruir el acceso a la justicia de las víctimas de los agentes del Estado, imponiéndoles unos obstáculos de procedimiento que no tienen las otras víctimas.
A Uribe la falta grandeza.
El siguiente es el comunicado expedido por la casa de nari:
Bogotá, 18 jun (SP). El Gobierno Nacional, en reunión del Presidente con algunos ponentes del Proyecto de Ley de Víctimas, ha pedido que no se apruebe el Acta de Conciliación porque un costo superior a los $80 billones crearía un trauma irreparable a las finanzas del Estado, haría imposible la reparación pecuniaria a las víctimas y el texto final no pasaría de ser letra muerta al servicio de una agitación electoral del momento.El ponente del proyecto, Juan Fernando Cristo, afirmó:
Además, el texto conciliado, que el Gobierno solicita encarecidamente no aprobar, se constituye en una grave amenaza a la Seguridad Democrática, puesto que iguala a los terroristas con agentes al servicio del Estado, sin que estos últimos puedan tener un proceso judicial y una sentencia ejecutoriada que declare el daño a la víctima cuya responsabilidad sea atribuida a ellos.
El Gobierno Nacional, con base en la legislación de los últimos años, continuará el proceso de la reparación monetaria de las víctimas. En efecto, en las próximas semanas, iniciará los primeros pagos que suman 200 mil millones de pesos en la ejecución presupuestal 2009 y que se destinarán aproximadamente a diez mil víctimas. En los nuevos presupuestos se continuará con la incorporación de las respectivas partidas.
Bogotá, 18 de junio de 2009.
"Al Gobierno está demostrado que le interesan más los victimarios que las víctimas; y esto se ve en que se aprueba el principio de oportunidad para beneficiar a los paramilitares desmovilizados pero no se hizo lo mismo con la ley que resarcía a las víctimas".










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