(Por: Álvaro Forero Tascón - El Espectador) CON LA APROBACIÓN DEL REFERENdo para la reelección, comenzó formalmente la transición hacia un nuevo modelo de democracia, el plebiscitario weberiano, en que el objetivo central de las instituciones es regular la escogencia del líder, y no limitar su poder. La transición no quedará consumada con la reelección, sino cuando se adopte el inevitable y profundo cambio constitucional que institucionalice el nuevo modelo.

La transición está terminando cincuenta años del modelo de democracia colombiano del Frente Nacional, y abandonando los esfuerzos de la Constitución del 91 de pasar a un estadio superior de desarrollo institucional. Pero ¿cuáles son las razones para que Colombia esté configurando un cambio tan abismal en su diseño democrático, justo cuando estaba buscando solucionar las limitaciones del anterior, y el mundo está de regreso del autoritarismo?

Son dos, una externa y otra estructural. La causa externa es un fenómeno de contagio regional. La sociedad colombiana aparentemente siente un gran rechazo por el modelo de democracia andino de Hugo Chávez, lo que debería disuadir, no estimular, la complacencia frente a un comportamiento caudillista en Colombia. Sin embargo, paradójicamente parece estarse dando un fenómeno de contagio al revés, no por vía del tradicional efecto dominó, sino de solidaridad nacionalista con el presidente Uribe, que se traduce en apoyo a su permanencia y a sus métodos. La confrontación política con Chávez ha construido una sensación de amenaza externa, que ha ido legitimando la tesis de que Uribe es insustituible para poder detener a Chávez.

La razón estructural que permitió el contagio sería que el modelo democrático colombiano engendró su propia ruina. Para detener la violencia, el Frente Nacional construyó unas instituciones fuertes, que habían logrado aclimatar una disciplina democrática. El procedimiento de institucionalizar “a la fuerza”, impidiendo la competencia democrática durante dieciséis años, parecía un recurso radical pero efectivo en una región sin madurez política.

Pero al cerrar los canales de participación democrática en un era de gran polarización ideológica, el Frente Nacional estimuló la violencia guerrillera por una parte, y por la otra, le restó legitimidad a las políticas de cero tolerancia frente a la violencia. Estos factores, entre otros, contribuyeron al crecimiento sostenido de la violencia, impulsado por el narcotráfico, hasta un punto de desbordamiento hacia las zonas urbanas que produjo una reacción política de pérdida de fe en la salida negociada al conflicto y en los esfuerzos de profundización de la democracia. De allí se derivó una búsqueda desesperada de autoridad, para detener la crisis por la vía militar. Y como sucede cuando en las sociedades priman los valores de la preservación sobre los del cambio, la respuesta fue de corte caudillista, y como en toda la región, ha tendido a descoser la democracia lentamente desde su interior.

Pero la pregunta relevante es si abandonando un modelo que, a pesar de sus limitaciones, avanzaba hacia una democracia moderna, Colombia va a conseguir terminar con la violencia. O si quedará en el peor de dos mundos: sin democracia y sin paz.