Una buena tajada de los 174.000 millones de pesos que desde 2007 ha entregado el Gobierno mediante el programa Agro Ingreso Seguro, ha ido a parar a los bolsillos de miembros de las castas políticas del litoral Caribe y hasta de reinas de belleza. La Contraloría, rezagada en la misión de recuperar más de 1,5 billones de pesos del erario que se han embolsillado funcionarios venales, destina parte importante de su presupuesto para alimentar una nómina paralela que, en promedio, cuesta 12.000 millones de pesos el semestre. En el Inco, hace solo unos días, rodaron las cabezas del director y tres funcionarios por cuenta de una grabación revelada por la Casa de Nariño en la cual había evidencia de negociaciones de coimas en el proceso de adjudicación de la línea férrea del Centro, un negocio que terminará costando 1,3 billones de pesos. Las continuas denuncias de corrupción, que cada año le significan al Estado más de cuatro billones de pesos, llevaron al procurador Alejandro Ordóñez a diseñar una estrategia que ha llamado "de choque", para revivir grandes casos de corrupción que duermen desde hace años en los anaqueles del Ministerio Público. Se trata de asaltos al erario por no menos de 11,5 billones, el 95 por ciento de los cuales afecta a municipios y departamentos.
En 750 entidades regionales y municipales, funcionarios corruptos han saqueado cuatro billones por concepto de regalías (Cesar se destaca por el mal uso de las regalías del carbón). Los procesos comprometen a 48.000 funcionarios, entre ellos 800 alcaldes y 30 gobernadores y, según la Procuraduría, esta es solo la punta del iceberg de la corrupción.

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(...) la corrupción en materia de contratación pública duplicaría el costo anual de seguridad democrática -dos billones de pesos, en promedio, según el PNUD-, y superaría en 700.000 millones de pesos las reservas por 3,2 billones de pesos para contingencias: reparación a víctimas de la violencia, reliquidación de pensiones, pago de deudas por bonos pensionales y pago de sentencias judiciales. Con la misma suma podrían darse 152.113 subsidios de vivienda para personas marginadas, a razón de un poco más de 11,5 millones de pesos cada uno.

(.....)Contrario a la creencia generalizada, la corrupción no está más extendida en las costas que en el resto de las regiones. En el Eje Cafetero proliferan denuncias sobre tráfico de subsidios del programa presidencial Familias en Acción, que incluso se ha prestado para la suplantación de beneficiarios. Por ejemplo, en Salamina, Caldas, la Oficina de Desarrollo Comunitario ha certificado pagos mensuales a familias que aún no han recibido un peso, y entidades bancarias tienen registradas las operaciones de pago.
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En Bogotá, por ejemplo, cursan medio centenar de investigaciones penales y disciplinarias contra el llamado "cartel de los embargos", una red de la que hacen parte jueces, abogados litigantes y particulares para apoderarse de cuantiosos recursos públicos. Y en Santa Marta, la juez segunda Civil Magaly Esther Suárez Ariza, destituida a comienzos de septiembre por el Consejo Seccional de la Judicatura, figura en la lista de 10 funcionarios judiciales involucrados en un fraude por 20.000 millones de pesos al ISS. El saqueo se produjo mediante el cobro de deudas y títulos inexistentes. Además de jueces, en el fraude intervinieron directivos del Instituto, y la Fiscalía indaga si los hilos de la trama fraudulenta eran movidos desde la cárcel por el ex congresista Miguel Pinedo Vidal, recientemente puesto en libertad dentro del proceso de la 'parapolítica'.
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Basado en la información obtenida de fuentes oficiales y de reportes de corresponsales, CAMBIO trazó un mapa de la corrupción y pudo establecer que las regalías siguen siendo el principal botín de los corruptos, pese a medidas como su congelamiento y el control sobre la transferencia de recursos. Y confirmó que las normas sobre contratación pública se han convertido en rey de burlas y que, mediante esguinces a la ley, los corruptos hacen su agosto.
Los réditos de la explotación de los 30 pozos petroleros del piedemonte llanero de los últimos 10 años, habrían alcanzado para resolver los problemas sociales que agobian a Casanare, Arauca, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada. Diecisiete obras públicas, cuyos costos oscilan entre 2.000 y 10.000 millones de pesos, están abandonadas.
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