El fallo de la Corte Constitucional que declara inexequible el proyecto de referendo reeleccionista acoge la ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto, en el sentido de declarar inconstitucional la consulta por vicios de procedimiento. Siete magistrados se pronunciaron en contra del referendo, mientras que dos lo apoyaron.

La decisión de la Corte le pone punto final a la permanencia de Álvaro Uribe en la presidencia de Colombia, sepulta definitivamente su pretensión de buscar un tercer periodo presidencial, abre las puertas a la alternación y permite superar un prolongado periodo de incertidumbre política.

Pero tal vez el principal significado que tiene la decisión del máximo tribunal de la justicia colombiana es que sale en defensa del Estado de derecho y frena el avance del proyecto antidemocrático que se encuentra en curso en nuestro país.

La Corte sepultó el referendo reeleccionista, no hay duda, pero ello no significa el fin del proyecto narcoparamilitar en Colombia, que buscará reproducirse en las próximas elecciones como lo hizo exitosamente en el 2002 y en el 2006.



A partir de este momento se inicia plenamente la campaña para elegir al próximo Presidente de Colombia.  Uribe no será el candidato oficial del proyecto narcoparamilitar durante las próximas elecciones, pero eso no significa que él renunciará a influir en el futuro del proceso político. Ya ha comenzado a intervenir descaradamente en el proceso violando la imparcialidad que debería tener como Presidente de la República: Uribe está nominando abiertamente a su sucesor, está poniendo los recursos del Estado al servicio de las campañas de sus socios como lo ha denunciado Rafael Pardo y está tratando de imponerle al próximo gobierno su propia agenda política.

Salvo que ocurra una hecatombe -algo que aún no es completamente descartable- podemos decir que hasta aquí llega la fase uribista del proyecto narcoparamilitar. La tarea que las fuerzas democráticas de Colombia tienen de aquí para adelante consiste en garantizar el pleno establecimiento en Colombia del Estado de derecho. La gran "revolución" que sigue pendiente en Colombia consiste en el respeto y el cumplimiento de la Constitución nacional. Con eso, muchos colombianos nos daríamos por bien servidos, por ahora.

Ese sigue siendo el tamaño del desafío en nuestro país: dejar atrás un orden político y social premoderno, restrictivo, ultraconservador, reaccionario, y sustentado en la muerte, el despojo y el desplazamiento. Aquí no se trata de promover una revolución social sino "simplemente" de instaurar una plena democracia liberal.

¿O, será mucho pedir que se erradiquen por completo los falsos positivos y los autoatentados como medios para reforzar el respaldo popular del gobernante? ¿Será muy extremo exigir que nuestros gobernantes no practiquen “chuzadas” y seguimientos a opositores, periodistas, magistrados y defensores de derechos humanos, entre otros? ¿Será mucho esperar de un gobierno democrático que respete la separación de poderes, que impulse un estatuto de la oposición, que garantice la libertad de pensamiento y de expresión, y la libertad de prensa? ¿Seguirá siendo subversivo en Colombia reclamar del gobierno la protección incondicional de los derechos humanos? ¿Será utópico aspirar a que el gobernante no califique como terroristas vestidos de civil a los sectores de oposición? ¿Será demasiado “democrático” para los estándares colombianos esperar del gobierno al apego al Derecho Internacional?  

Eso es lo que bloqueó Uribe durante los últimos ocho años y lo que está por construirse en Colombia: el pleno Estado de derecho y la democracia liberal. ¿Pensar en un modelo social-demócrata en estos momentos en Colombia? Eso por ahora es ciencia ficción.