Sin justicia no hay Estado de derecho.

Sin un sistema de justicia independiente tampoco hay Estado de derecho.

Sin el respeto a la función judicial por parte  del gobernante está en entredicho el Estado de derecho.

Sin el acatamiento de los fallos judiciales por parte de los otros poderes públicos se atenta contra el Estado de derecho.

Los fallos judiciales sí pueden apelarse y para eso están las instancias judiciales. Pero poner en duda la autonomía judicial valiéndose de la popularidad del gobernante solamente debilita aún más las lánguidas instituciones democráticas.

El fallo condenatorio del Juzgado Tercero Penal Especializado de Bogotá en contra del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega por la desaparición forzada de once ciudadanos colombianos es un fallo histórico que golpea la impunidad y los intereses militaristas que se esconden tras ella.

Plazas Vega no fue condenado por la retoma del Palacio de Justicia. Plazas Vega fue condenado por desaparición forzada, por su responsabilidad en la desaparición de ciudadanos indefensos durante los días de la toma del Palacio de Justicia. 

La activación de la solidaridad de cuerpo del estamento militar y del bloque dominante es un llamado a la impunidad.

Plazas tiene el derecho de apelar el fallo de la Juez y el gobierno, junto con los militares, tienen la obligación de respetar la acción de la justicia.

La histeria del gobierno y de los militares es un reflejo de su temor por el avance de la justicia en este y otros casos. Está pendiente un fallo que involucra al general Arias Cabrales y a un grupo de oficiales y suboficiales, también por el caso del Palacio de Justicia. Y está avanzando rápidamente el caso de las chuzadas y los falsos positivos.

Colombia necesita más justicia y menos impunidad. Colombia necesita fortalecer la democracia y no debilitarla poniendo el poder político al servicio de la impunidad.