Hay que registrar con optimismo cómo Juan Manuel Santos está encauzando las aguas de la política colombiana hacia el territorio del Estado de derecho, con lo cual está demostrando un cambio sustancial de principios y estilo frente al tristemente célebre gobierno anterior.  En menos de una semana, la administración Santos ha emprendido una serie de iniciativas que cambian positivamente el escenario político, dentro de las que se incluye:

• Pleno restablecimiento de relaciones con Venezuela.
• Compromiso solemne de respeto a los fallos judiciales y a la separación de poderes.
• Compromiso de respeto a los derechos de la oposición y de promover un estatuto de la oposición.
• Compromiso de cesar las chuzadas a la oposición.

Las anteriores son, sin ninguna duda, medidas constructivas que llegan a sembrar un nuevo clima de confianza tanto en nuestras relaciones internacionales como en nuestra política interna. 

Estamos asistiendo a la luna de miel de Juan Manuel Santos y es justo reconocer la bondad de sus primeros pasos en el ejercicio de la presidencia.

También es sano reconocer que el ejercicio del poder es por su propia naturaleza dinámico, polémico y conflictivo. Santos está enviando señales de respeto y cooperación a sectores políticos y sociales que fueron marginados durante los pasados ocho años.  Con ello está creando un clima de confianza entre los diferentes actores políticos e institucionales.  Esto es positivo. Pero no nos llamemos a engaño.  Para nadie es un secreto que Santos representa unos intereses políticos y económicos específicos que más temprano que tarde entrarán en conflicto con las necesidades materiales de amplios sectores de la población.

Lo que está por verse, en primera instancia, es si Colombia -su clase dirigente, sus organizaciones políticas y sociales, sus instituciones, sus medios de comunicación- está preparada para profundizar su sistema democrático y para regirse por las normas propias del Estado de derecho.

Pero también, y esta es la sustancia, está por verse si las élites colombianas están dispuestas a pagar la deuda social acumulada históricamente, a reducir sustancialmente la pobreza y la desigualdad, a respetar la soberanía nacional, a ponerle fin al conflicto armado y a permitirnos a todos los colombianos disfrutar el país que soñamos: un país en paz, próspero, democrático y soberano. 

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